Meta 6

Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

Esto significa:

• Reducir la tasa de mortalidad materna de 177,2 a 29,3 por cada 100.000 nacidos vivos en el período 1990-2015. Hasta 2001 esa tasa había bajado a 67,2.

La tasa promedio nacional es superada en 11 de las 22 provincias del país. El indicador, tomado de los certificados de defunción, es más alto en provincias con mayor índice de población rural e indígena; como es el caso de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. De acuerdo a las muertes maternas registradas en el egreso hospitalario, el indicador es más alto en las provincias de la costa. Se consideran las muertes maternas directas e indirectas

Los factores que contribuyen a mantener altos niveles de morbilidad y mortalidad materna y prenatal son:

• La falta de una red estructurada y coordinada de servicios ambulatorios y hospitalarios, como propone el Sistema Nacional de Salud, que atienda el parto institucional y resuelva las complicaciones obstétricas.
• El embarazo en adolescentes
• La desnutrición (en 1997, el 60% de las embarazadas padecía de anemia)
• El analfabetismo (8% en las mujeres en 2001).
• El bajo nivel social y económico de las mujeres.
• La desestructuración familiar y el gran número de mujeres que, además de otras tareas, hacen de cabezas de hogar.
• Las largas jornadas laborales con baja remuneración que tienen las mujeres
• Los embarazos no deseados (23,5% del total)
• La violencia intrafamiliar que enfrenta el 65% de mujeres en edad fértil.
• La falta de información y educación en salud.
• El limitado acceso a los servicios de salud.

Para mejorar la meta hay que mejorar y aumentar el control prenatal, la atención del parto con profesionales de la salud, la atención del posparto; impulsar programas de planificación familiar y fortalecer los programas de maternidad gratuita. 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia garantiza el derecho a la atención de salud gratuita durante el embarazo, parto y posparto, así como el acceso a programas de salud reproductiva. Además, califica como una acción de salud pública de responsabilidad del Estado la atención sin costo a recién nacidos y nacidas y a niñas y niños menores  de cinco años.